Con la aparición a finales del siglo XIX de los vehículos a motor, se pone a disposición de la humanidad un nuevo medio de locomoción que habría de revolucionar la historia de los medios de transporte en particular y de la sociedad en general.

La nueva máquina le ofrecía al ser humano posibilidades en el ocio y en el trabajo nunca imaginadas, pero, como no podía ser de otra forma, también le creaba algunas nuevas servidumbres derivadas de la necesidad de mantener al vehículo en las adecuadas condiciones de mantenimiento que toda máquina necesita para su uso, tanto en su vertiente puramente mecánica, como en lo referente al control de las emisiones de gases procedentes de la combustión en el motor.

Por si fuera poco, el nuevo medio de locomoción también se convirtió en poco tiempo en una fuente inagotable de accidentes y de pérdida de vidas humanas. La conjunción de la velocidad con el factor humano, el estado de las vías de comunicación y los fallos mecánicos han sido una preocupación constante para los organismos encargados de velar por la seguridad vial.

Para atenuar esta componente negativa que aporta el uso de vehículos a motor, los distintos estados han ido adoptando a lo largo del tiempo medidas tendentes a corregir los problemas antes descritos. En este sentido, las condiciones de acceso a las licencias de conducción y el control de los conductores se han ido endureciendo con el paso de los años.

Además las vías públicas se han rediseñado para facilitar los desplazamientos de vehículos cada vez más rápidos y se han adoptado estrictas normas de homologación y fabricación de los vehículos en aras a reducir el peso que los fallos mecánicos tienen en la siniestralidad de los vehículos y a minimizar las emisiones de gases al medio ambiente.

Es en este último componente de la siniestralidad, constituido por los fallos mecánicos, donde la inspección técnica de los vehículos cobra su significado. De nada serviría fabricar vehículos cada vez más sofisticados y potentes si a lo largo de su vida útil no se les somete a unos controles periódicos que garanticen la vigencia y operatividad de sus sistemas de seguridad pasiva y otros componentes vitales.

Al igual que los ascensores, los recipientes a presión, las instalaciones eléctricas y en general la mayor parte de los mecanismos industriales, los vehículos necesitan de un plan de mantenimiento y de un proceso de certificación externa a los titulares de los mismos, que permitan validar con carácter oficial la aptitud de los mismos para su uso.

Además, y ante la problemática que plantean los automóviles como elementos contaminantes, cobra cada vez mayor importancia las pruebas específicas de control de emisiones que se realizan en los centros de ITV, reguladas por normativas internacionales cada vez más estrictas que pretenden reducir el impacto negativo que la utilización masiva de los vehículos tienen sobre el medio ambiente.

Por tanto, la inspección técnica se configura como un mecanismo de seguridad y control con el que las Administraciones Públicas de la mayor parte de los países del mundo pretenden garantizar el correcto estado de funcionamiento de los vehículos y su aptitud para circular por las vías públicas en las debidas condiciones técnicas y de respeto al medio ambiente.

En Europa, la inspección técnica de vehículos, más conocida por sus siglas ITV, está regulada a nivel comunitario por la Directiva 96/96/CE, que en España se ha transpuesto a la legislación nacional en el Real Decreto 2042/1994. Las normas generales están por tanto regladas por las Comunidad Europea a nivel inter-comunitario y por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Transportes a nivel nacional.

No obstante, las competencias en materia de organización, control y regulación del funcionamiento de los centros de ITV están transferidas a las Comunidades Autónomas, que son las responsables finales de la prestación del servicio en cada Comunidad.

En Andalucía esta potestad la ejerce la Dirección General de Industria, Energía y Minas dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía que reguló el servicio de Inspección Técnica de Vehículos por medio de la Orden de 15 de julio de 1985 y el Decreto 177/1989, de 25 de julio.